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En él se expone la normativa que desde el punto de vista tributario, mercantil y penal ha de tenerse en consideración en relación con la exigencia de responsabilidad a los administradores sociales, identificando determinados aspectos que, contenidos en cada uno de esos ordenamientos, resultan concomitantes desde el punto de vista de las obligaciones que incumben a tales administradores cuyo incumplimiento puede ser determinante de la citada exigencia.